La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició este 21 de octubre evaluaciones médicas y psicológicas a personas que participaron en la manifestación por el derecho al agua potable realizada el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Las diligencias buscan documentar posibles lesiones y afectaciones derivadas de las detenciones y de la intervención de las autoridades de seguridad.
El organismo informó que aplicará, según las necesidades de cada caso, el Protocolo de Estambul, instrumento internacional utilizado para investigar y documentar posibles actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CNDH aclaró que todavía no existen conclusiones sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
La investigación también dará seguimiento a las condiciones de las personas afectadas, entre ellas cuatro manifestantes que permanecen sometidos a proceso judicial. La comisión no precisó los delitos que se les imputan, pero señaló que continuará revisando las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y las posibles responsabilidades.
Investigación multidisciplinaria
Los trabajos estarán a cargo de personal especializado de la Quinta Visitaduría General, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Coordinación de Especialidades Científicas y Técnicas y la Oficina Regional de la CNDH en Jalisco.
Las diligencias se desarrollarán bajo la conducción de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente. El objetivo es integrar información médica, psicológica y testimonial que permita esclarecer lo ocurrido durante y después de la manifestación.
Coordinación con la comisión estatal
La CNDH estableció comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con la que acordó un plazo máximo de cinco días para recibir el expediente relacionado con los acontecimientos del 11 de octubre.
La documentación de la comisión estatal, los testimonios recabados y los resultados de las evaluaciones médicas y psicológicas serán considerados en el análisis del caso. Ambas instituciones también acordaron fortalecer sus mecanismos de comunicación para coordinar las investigaciones.
La CNDH indicó que las diligencias deberán realizarse con objetividad, imparcialidad y respeto a la dignidad e integridad de las personas involucradas. Cualquier determinación deberá sustentarse en las pruebas obtenidas durante la investigación.
El organismo señaló que el procedimiento busca contribuir al esclarecimiento de los hechos, al acceso a la justicia, a la reparación integral del daño y a la adopción de medidas que eviten la repetición de posibles violaciones a los derechos humanos.