Consultora recomienda reforzar trazabilidad ante posibles cambios contra el huachicol fiscal

QUA Energy Consultores recomendó a las empresas del sector de hidrocarburos reforzar la trazabilidad de los combustibles y la congruencia de su documentación, ante la estrategia del Gobierno de México contra el huachicol fiscal y el análisis de posibles cambios legales para limitar la participación de las comercializadoras.

La recomendación está dirigida especialmente a las compañías que compran y revenden combustibles sin contar necesariamente con infraestructura propia de transporte o almacenamiento. El alcance de cualquier modificación dependerá de la iniciativa formal, su aprobación y las reglas que se emitan para su aplicación.

El Gobierno revisa el papel de los intermediarios

Durante la conferencia matutina del 21 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración analiza cambios legales para reducir o acotar la intermediación en el mercado de combustibles, luego de identificar inconsistencias en operaciones vinculadas con el contrabando de energéticos y la evasión fiscal.

El análisis gubernamental detectó diferencias por 8 mil 824 millones de litros entre los volúmenes de combustible comprados, vendidos y facturados durante 2025. De ese total, 72% de las inconsistencias se concentró en empresas comercializadoras y 13% en estaciones de servicio.

Las autoridades también reportaron que, entre enero y septiembre de 2026, se recuperaron 48 mil 411 millones de pesos en impuestos declarados relacionados con el comercio ilícito de combustibles. Las diferencias identificadas deben ser aclaradas mediante procesos de fiscalización y, por sí solas, no acreditan que todas las empresas involucradas hayan cometido una infracción.

Medidas que podrían modificar la operación del sector

Entre las alternativas analizadas se encuentra que la importación de combustibles pueda canalizarse directamente a empresas transportistas u otros participantes de la cadena, así como establecer límites a la intermediación de las comercializadoras.

La estrategia federal contempla cruzar información fiscal, aduanera, regulatoria y comercial para comparar los volúmenes declarados, importados, transportados, facturados y vendidos. El objetivo es detectar diferencias volumétricas y operaciones que no acrediten de manera consistente el origen y destino del producto.

Como parte de las acciones reportadas, se cancelaron permisos de expendio y comercialización, mientras que otros permanecen bajo procedimientos administrativos. Además, se informaron multas a estaciones de servicio, bajas del padrón de importadores y denuncias por posibles irregularidades fiscales, aduaneras y de controles volumétricos.

Recomendaciones para las empresas

QUA Energy Consultores señaló que las empresas deben diferenciar entre el anuncio de una posible reforma y las obligaciones que actualmente se encuentran vigentes en sus permisos y disposiciones aplicables. Hasta ahora, no puede concluirse que exista una norma que elimine a todas las comercializadoras o que ordene revocar de manera general sus autorizaciones.

  • Revisar los permisos y las obligaciones regulatorias, fiscales, aduaneras y de controles volumétricos aplicables a cada operación.
  • Conciliar periódicamente los litros comprados, importados, recibidos, transportados, facturados y vendidos.
  • Conservar evidencia documental verificable sobre contratos, pedimentos, facturas, volúmenes y servicios de transporte.
  • Revisar los procedimientos internos de trazabilidad y las relaciones con importadores, transportistas, almacenistas, distribuidores y estaciones de servicio.
  • Evitar suspensiones o reestructuras basadas únicamente en anuncios preliminares y esperar el texto oficial de cualquier reforma y su entrada en vigor.

La consultora advirtió que cualquier sanción o revocación individual debe sustentarse en la legislación aplicable, los hechos atribuidos y el procedimiento correspondiente. Por ello, el seguimiento de una eventual iniciativa formal será determinante para conocer el impacto jurídico y operativo en las empresas del sector.