La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada el 14 de octubre por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, plantea limitar los aumentos anuales de renta a la inflación del año anterior. Sin embargo, especialistas advierten que la propuesta todavía tiene vacíos y podría generar efectos no previstos en el mercado de vivienda en alquiler.
El proyecto busca proteger a las personas inquilinas frente al encarecimiento de los alquileres y atender los efectos de la gentrificación. Entre sus medidas contempla un registro de contratos, una Defensoría Inquilinaria y sanciones para quienes incumplan las reglas, aunque su aplicación dependerá de la aprobación legislativa y de la elaboración de los reglamentos correspondientes.
Riesgo de aumentos iniciales más altos
Lidia González, académica de la Universidad Rosario Castellanos, consideró positivo establecer un límite a los incrementos, pero señaló que algunos propietarios podrían elevar el precio inicial de los contratos para anticiparse a la restricción futura. A su juicio, esa práctica podría distorsionar el mercado y encarecer el acceso a una vivienda desde el comienzo de la relación contractual.
La especialista también alertó que pequeños propietarios podrían retirar sus inmuebles del mercado si consideran que la rentabilidad disminuye. Una reducción de la oferta disponible podría aumentar la presión sobre las personas que buscan rentar en la capital.
Preocupa el crecimiento del mercado informal
Otro de los riesgos señalados es que propietarios e inquilinos recurran a acuerdos informales para evitar el registro de contratos o las restricciones previstas. González indicó que esta posibilidad resulta relevante porque una parte de los arrendamientos se realiza sin documentación formal, lo que dificultaría la supervisión de las autoridades.
Rosalba Loyde, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidió en que los propietarios podrían buscar mecanismos para compensar los límites aplicables a los aumentos posteriores. También recordó que en otros contextos las restricciones a los alquileres han sido acompañadas por contratos no registrados y prácticas fuera del mercado formal.
Falta definir cómo se aplicarán las sanciones
La iniciativa incluye un apartado de sanciones, pero especialistas cuestionaron si las autoridades contarán con las capacidades técnicas y administrativas necesarias para verificar los contratos, investigar incumplimientos y aplicar multas.
Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señaló que aún deben precisarse los mecanismos para hacer cumplir las obligaciones previstas. También consideró necesario esperar la definición de los reglamentos y de la forma en que operará la Defensoría Inquilinaria.
El proyecto fue anunciado originalmente en julio de 2025 como parte de las medidas del Bando 1 contra la gentrificación y finalmente fue presentado ante el Congreso capitalino el 14 de octubre de 2026. Mientras continúa el proceso legislativo, el debate se centra en cómo proteger a las personas inquilinas sin reducir la oferta de vivienda ni incentivar acuerdos fuera de la regulación.