Marina Martí, presidenta de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Tlalpan, informó que presentó una queja ante las autoridades electorales contra la alcaldesa Gabriela Osorio por presunta promoción personalizada, colocación de propaganda fuera de los periodos de precampaña y campaña, así como posibles actos anticipados de precampaña rumbo a las elecciones de 2027.
La denuncia constituye un señalamiento sujeto a revisión y no acredita por sí misma que se haya cometido una infracción. De acuerdo con la información difundida sobre el recurso, Martí pidió que las autoridades electorales determinen si las conductas denunciadas incumplen la normativa vigente.
La dirigente de MC también cuestionó la presencia de bardas y lonas con los nombres e imágenes de Gabriela Osorio y de los diputados locales de Morena Pedro Haces y Alberto Vanegas. Martí adelantó que presentará denuncias contra estos legisladores por conductas similares.
“Los cargos públicos son para servir a la ciudadanía, no para construir candidaturas”, sostuvo Marina Martí al referirse a la promoción que atribuye a la alcaldesa.
Cuestionamientos a las adjudicaciones directas
El señalamiento electoral se sumó a críticas sobre la contratación pública en la alcaldía. Una revisión de los procedimientos correspondientes al periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 reportó que 301 de 401 contratos fueron asignados mediante adjudicación directa, por un monto de 529.9 millones de pesos.
Los contratos asignados directamente representaron alrededor de 75% del total revisado. Además, 44 contratos fueron otorgados mediante invitación restringida y 56 llegaron a licitación pública.
La alcaldía de Tlalpan ofreció una cifra distinta sobre el universo de contrataciones y señaló que durante ese lapso se firmaron más de 700 contratos de obra pública, compras y servicios, de los cuales 250 se asignaron por adjudicación directa.
Martí afirmó que el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México establece un límite anual de 20% para adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Por ello, pidió publicar los expedientes completos, explicar la selección de proveedores y transparentar el origen y destino de los recursos.
La dirigente emecista sostuvo que las posibles irregularidades deben ser investigadas y que cualquier responsabilidad debe determinarse mediante los procedimientos correspondientes. Hasta ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia y de un debate político y administrativo que requiere revisión por las autoridades competentes.