La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, negó haber acusado al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno durante la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. La mandataria estatal afirmó que no tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la entidad y consideró que el caso se ha convertido en una disputa de declaraciones.
La declaración ocurrió después de que Sheinbaum describiera el encuentro como una conversación tensa, en la que ambas levantaron la voz. Según la presidenta, Campos le atribuyó a Jáuregui la responsabilidad por el ingreso de agentes extranjeros a Chihuahua y le expresó que ella no estaba enterada del operativo.
Versiones distintas sobre la reunión
En una entrevista radiofónica, Campos sostuvo que funcionarios federales ya tenían información sobre el exfiscal y rechazó que ella lo hubiera señalado. También dijo que existen contradicciones en la forma en que se ha contado la conversación con la presidenta.
La gobernadora afirmó que no le corresponde pronunciarse sobre la responsabilidad de Jáuregui, pues el caso debe ser determinado por las autoridades judiciales. Añadió que emitir una conclusión anticipada podría afectar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Por su parte, Sheinbaum explicó que el motivo de la investigación es la presunta entrada de agentes extranjeros armados a México sin la autorización correspondiente. La presidenta ha señalado que los hechos deben esclarecerse conforme a la Constitución y las leyes aplicables.
El caso de los agentes estadounidenses
La controversia se originó por la participación de dos agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas en Chihuahua. Ambos murieron posteriormente en un accidente carretero junto con dos funcionarios estatales, hecho que derivó en investigaciones sobre la coordinación y autorización de la operación.
César Jáuregui, quien fue fiscal general de Chihuahua durante parte de la administración de Campos, enfrenta un proceso judicial relacionado con el caso. La gobernadora ha insistido en que sean las instituciones competentes las que determinen qué ocurrió y quién tuvo responsabilidad.
El intercambio público entre ambas funcionarias mantiene abierta la controversia política y jurídica sobre el operativo, mientras continúan las actuaciones de las autoridades encargadas de investigar los hechos.