La violencia contra periodistas, las amenazas, las agresiones y el uso de medidas regulatorias y procesos judiciales generan un entorno adverso para la libertad de expresión en México, de acuerdo con un informe presentado durante la 82 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Bogotá.
El documento identifica asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, campañas de señalamiento y presiones para retirar o limitar información como factores que afectan el ejercicio periodístico durante 2026. También advierte sobre posibles efectos inhibitorios de algunas disposiciones legales y procedimientos judiciales.
Entre los casos mencionados se encuentran los asesinatos de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, ocurrido el 16 de julio en Puebla; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, columnista asesinado el 22 de julio en Oaxaca, y Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado el 29 de agosto en Puebla. En algunos de estos casos se habían registrado amenazas previas o publicaciones relacionadas con asuntos sensibles.
El informe también documenta amenazas contra periodistas y sus familiares en Sinaloa y Tlaxcala, agresiones durante coberturas y presiones para eliminar materiales periodísticos. Asimismo, recoge la denuncia de que dos periodistas fueron obligados por elementos de la Secretaría de Marina a borrar imágenes y videos mientras cubrían un presunto derrame de petróleo en Tamaulipas.
En Chiapas y Oaxaca, periodistas incorporados al Mecanismo de Protección señalaron que las medidas disponibles no eliminaban los riesgos derivados de sus coberturas. En septiembre se sumaron amenazas contra el periodista poblano Jaime López y una agresión física contra la fotodocumentalista Abril Ángel durante una protesta en Ciudad de México.
La situación de seguridad se refleja también en la clasificación mundial de libertad de prensa de 2026, que ubicó a México en el lugar 122 de 180 países y en el sitio 160 en el indicador de seguridad. El país continúa entre los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, particularmente en coberturas relacionadas con política, violencia y crimen organizado.
Otro foco de preocupación se relaciona con la llamada Ley Serrano, en San Luis Potosí, y con los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La legislación sobre inteligencia artificial derivó en procesos contra periodistas, mientras que organizaciones periodísticas y académicas alertaron que algunas disposiciones podían afectar la libertad editorial o propiciar autocensura.
Los lineamientos sobre derechos de las audiencias fueron aprobados el 26 de agosto, aunque continuaron los cuestionamientos sobre la distinción entre información y opinión, así como sobre los mecanismos de supervisión. En paralelo, la relación entre el Gobierno federal y algunos medios estuvo marcada por confrontaciones públicas y nuevas formas de seguimiento de la conversación digital.
Organizaciones nacionales e internacionales han planteado mejorar la capacitación judicial, la coordinación institucional y la respuesta frente a los delitos contra periodistas. Sin embargo, la impunidad y la falta de medidas de protección suficientes permanecen como obstáculos para garantizar el derecho a informar y a recibir información.